
Chihuahua, Chih.– La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado celebró este miércoles una sesión de la Mesa Técnica para modificar las fechas de la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre Medidas Legislativas 2025, que se lleva a cabo en 16 sedes de la entidad y concluirá el próximo 16 de septiembre.
La diputación determinó cambios en el calendario de tres municipios:
- Chihuahua capital: la consulta se realizará el lunes 8 de septiembre, a petición de las autoridades indígenas locales.
- Urique: se recorrió la fecha al jueves 25 de septiembre, con el fin de brindar mayor tiempo de análisis.
- Chínipas: debido a las lluvias del pasado 18 de agosto, la etapa informativa fue aplazada al 3 de septiembre, mientras que la consulta formal se efectuará el día 23 del mismo mes.
La subsecretaria técnica de la Comisión, Alejandra Maldonado, explicó que estos ajustes atienden solicitudes de las comunidades y condiciones climatológicas que afectaron el desarrollo de los trabajos.
El proceso contempla la entrega de mil 500 cuadernillos informativos en diversas lenguas indígenas: 870 en español, 450 en rarámuri, 70 en ódami, 40 en o’ob, 40 en warijó y 30 en chiricahua o n’dee biyat’i, lengua de la familia na-dené hablada por apaches chiricahuis al noroeste de México. La distribución permite a las comunidades analizar el contenido antes de los diálogos, los cuales contarán con intérpretes para garantizar una participación plena.
La Consulta abarca el análisis de 27 iniciativas y dos juicios de amparo, entre ellas el Asunto 1073/2022, promovido hace casi tres años por la entonces diputada panista Rocío Sarmiento Rufino.
Esa iniciativa plantea reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de reconocer a los ndé como pueblo originario que habitaba en Chihuahua antes de la colonización y que mantiene vivas parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
Con este proceso, el Congreso busca garantizar la voz y participación directa de las comunidades indígenas en las reformas que impactan en sus derechos colectivos y en el reconocimiento de su herencia histórica.