Una exfuncionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificada como María Angélica «M», fue vinculada a proceso por un juez federal por los delitos de uso de documento público falso y contra la administración de justicia. Según la investigación, la exservidora pública habría utilizado su cargo para favorecer a la empresa Juni Serra, en la que Ricardo Anaya Cortés es accionista, al eliminarla de la lista de factureras o sociedades que simulan operaciones financieras.
Se señala que Danino Ángel Martínez Diez, suegro del senador panista, también es accionista de Juni Serra, empresa implicada en una compra simulada de una propiedad en Querétaro por 54 millones de pesos.
El caso se remonta a 2018, cuando Anaya, entonces candidato presidencial del PAN, presentó documentos que supuestamente acreditaban la compra de un terreno de 13,589 metros cuadrados en Querétaro. Ese mismo año, el panista afirmó haber adquirido la propiedad por 15.3 millones de pesos.
A pesar de la vinculación a proceso, el juez determinó que la exfuncionaria enfrente su proceso en libertad.