Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha anunciado su renuncia a la titularidad del máximo tribunal, a meses de haberse aprobado la reforma judicial que establece la elección de ministros por voto popular en 2025. Piña también declinó participar en el nuevo esquema electoral, marcando un paso histórico en la transición que vive el Poder Judicial de México.
La magistrada, quien asumió la presidencia en enero de 2023, explicó que su decisión responde a una reflexión profunda sobre la independencia judicial en el contexto de la reforma. “Es fundamental mantener la autonomía de las instituciones y la integridad de quienes las encabezan”, afirmó Piña en su mensaje. Aseguró que su salida busca contribuir a un proceso transparente de renovación y evitar interpretaciones que puedan comprometer la imparcialidad de la SCJN en esta fase.
Con la salida de Piña, la SCJN deberá elegir a un nuevo presidente o presidenta para asumir el liderazgo de la institución hasta el cambio del esquema en 2025. La renuncia de la ministra surge en un contexto de debate sobre el impacto de la reforma judicial en la independencia del Poder Judicial, con opiniones divididas sobre los beneficios y riesgos de que la ciudadanía elija directamente a los ministros y magistrados.
Un cambio de era para el Poder Judicial
La reforma, aprobada en meses recientes, pretende democratizar la selección de ministros mediante un proceso de elección directa, una medida que no tiene precedentes en la historia judicial de México. Piña enfatizó que su declinación al nuevo proceso responde a su convicción de que los cargos judiciales deben blindarse de intereses externos y mantenerse en un espacio autónomo.
A través de un comunicado, la SCJN informó que la salida de Piña no afectará la operatividad del tribunal, ya que los magistrados seguirán atendiendo sus funciones bajo la legislación actual hasta la implementación del nuevo sistema. La renuncia de la ministra Piña marca, así, un punto crucial en el avance de la reforma judicial y abre un debate sobre los posibles efectos en la estructura y autonomía del Poder Judicial en el país.