En el panorama político mexicano, el Poder Judicial ha sido, desde hace décadas, un baluarte de la justicia y la legalidad, pero también, en muchos casos, ha sido percibido como un obstáculo a la transformación social. En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Claudia Sheinbaum, ha impulsado una reforma profunda al Poder Judicial. Esta propuesta, que ha generado una ola de debates, busca transformar la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México.
¿Qué propone la reforma?
La reforma, presentada como una iniciativa clave en la cuarta transformación del país, tiene varios componentes fundamentales:
- Modificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Uno de los puntos más controversiales es la propuesta para reducir el número de ministros en la SCJN y modificar el proceso de selección. Actualmente, la Corte cuenta con 11 ministros, pero la reforma sugiere una reducción a 7, con el objetivo de hacer más eficiente la toma de decisiones. Además, se propone que el Senado tenga un rol más protagónico en la selección de los ministros, disminuyendo el poder discrecional del presidente en estas designaciones.
- Creación de un Tribunal Constitucional: Este nuevo órgano tendría la función exclusiva de revisar la constitucionalidad de las leyes, dejando a la SCJN más enfocada en la interpretación de los derechos humanos y en la resolución de conflictos entre poderes. La idea detrás de esto es evitar la sobrecarga de trabajo en la Corte y agilizar los procesos judiciales.
- Transformación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Se pretende darle mayor independencia y autonomía al CJF, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. La reforma propone que sus miembros sean seleccionados por distintos poderes y órganos, buscando una mayor representatividad y menos centralización del poder.
- Fortalecimiento de los Tribunales Locales: En una nación tan diversa como México, los tribunales locales juegan un rol crucial en la impartición de justicia. La reforma pretende aumentar sus competencias, brindándoles mayores recursos y autonomía, con el fin de reducir la carga en los tribunales federales y hacer la justicia más accesible a los ciudadanos.
- Implementación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas: Con la intención de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial, la reforma propone un sistema de evaluación periódica para jueces y magistrados, basado en criterios de desempeño y transparencia.
¿Reforma necesaria o peligroso precedente?
La narrativa oficial presenta esta reforma como una medida indispensable para garantizar una justicia más ágil, accesible y equitativa. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Los opositores argumentan que, bajo el pretexto de mejorar la justicia, esta reforma podría estar sentando las bases para una concentración de poder sin precedentes en el Ejecutivo, debilitando uno de los contrapesos esenciales en una democracia.
Uno de los temores más grandes es que, al modificar la composición y el proceso de selección de los ministros de la SCJN, se podría vulnerar la independencia del Poder Judicial, sometiéndolo a los intereses políticos del gobierno en turno. Además, la creación de un Tribunal Constitucional, aunque suena a una medida positiva, podría diluir la autoridad de la Suprema Corte, generando más fragmentación y potenciales conflictos de competencias.
Por otro lado, la transformación del Consejo de la Judicatura Federal y el fortalecimiento de los tribunales locales son vistos como pasos en la dirección correcta. No obstante, la eficacia de estas medidas dependerá en gran medida de su implementación y de la capacidad del sistema para adaptarse a los cambios propuestos.
La reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador y Claudia Sheinbaum es, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno. Su éxito o fracaso dependerá de la capacidad de equilibrar la necesidad de modernizar el sistema judicial con la preservación de la independencia y autonomía de los jueces. En un momento tan crucial para la democracia mexicana, es vital que estas reformas se debatan con seriedad y responsabilidad, evitando caer en el riesgo de concentrar poder o debilitar los contrapesos que sostienen nuestra República.