La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Estado de Chihuahua impuso una sanción de inhabilitación de tres meses a Mónica Vargas, quien ocupó el cargo de titular hace tres años. El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP supervisa la conducta de los servidores públicos y fue responsable de girar esta sanción.
La sanción está relacionada con una investigación administrativa que se inició en marzo de 2022. Durante su comparecencia en junio de 2022 en las oficinas de la SFP en la Calle Victoria, Mónica Vargas no hizo declaraciones públicas. La investigación se centró en posibles omisiones judiciales por parte de la dependencia durante su gestión, especialmente en casos relacionados con exfuncionarios duartistas.
El expediente de la sanción indica que Mónica Vargas incurrió en responsabilidad administrativa al no proporcionar información adecuada y al no aclarar observaciones en el acta de entrega-recepción. Este documento legal se firma entre el secretario saliente y el entrante al finalizar una administración.
A pesar de contar con un amparo, el Juzgado Décimo de Distrito revocó la sentencia en su contra. Mónica Vargas también estuvo involucrada en los Expedientes X, donde se aplicaron sanciones administrativas por posibles casos de corrupción durante la administración del exgobernador César Duarte, aunque algunos de estos enfrentaron obstáculos legales.
Mónica Vargas Ruiz, licenciada en Administración de Empresas por el Tec de Monterrey Campus Chihuahua y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey (campus Ciudad de México), nació el 1 de octubre de 1974. Su experiencia abarca áreas como auditoría, transparencia y sistemas de control interno. Antes de su cargo en la SFP, trabajó en la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, y ocupó puestos en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la SFP, donde implementó el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior. En 2019, asumió el cargo de secretaria de la Función Pública en el gabinete de Javier Corral, reemplazando a Rocío Stefany Olmos Loya, una figura clave en el inicio de las investigaciones de los Expedientes X.