Columna: Hugo Isaac Gómez Terrazas
En los últimos años, México ha sido escenario de descubrimientos que reflejan la profunda crisis de violencia y desapariciones que aqueja al país. Estados como Chihuahua y Jalisco han sido epicentros de esta tragedia, con hallazgos de fosas clandestinas y centros de exterminio que evidencian la magnitud del problema y la aparente indiferencia de las autoridades estatales.
En Chihuahua, la reciente localización de 72 cuerpos en 38 fosas clandestinas en la localidad de Casas Grandes ha conmocionado a la sociedad. Este hallazgo se produjo tras la detención de un miembro del crimen organizado, lo que llevó a las autoridades a la zona conocida como “El Willy”. Los cuerpos, muchos en avanzado estado de descomposición, están siendo analizados en laboratorios forenses de Ciudad Juárez para determinar causas, tiempo de muerte e identidades.
Por su parte, en Jalisco, se descubrió un centro de exterminio operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Este lugar, que funcionaba como centro de reclutamiento y exterminio, fue descubierto gracias a la labor del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, alertados por una llamada anónima. En el sitio se encontraron tres hornos crematorios clandestinos, restos humanos calcinados, más de 400 prendas de ropa y al menos 200 pares de zapatos, lo que sugiere la magnitud de las atrocidades cometidas. Además, se hallaron 96 casquillos percutidos, cargadores y chalecos tácticos, indicando que también funcionaba como campo de entrenamiento.
Estos casos reflejan una problemática persistente en México: la existencia de fosas clandestinas y centros de exterminio utilizados por el crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. La falta de actualización y transparencia en las estadísticas oficiales dificulta la dimensión real de esta tragedia. Aunque existen bases de datos para registrar estos hallazgos, la ausencia de coordinación y actualización regular por parte de las autoridades federales deja la responsabilidad en manos de colectivos y fiscales locales.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha instado a las autoridades mexicanas a realizar una investigación exhaustiva sobre el hallazgo en Jalisco, calificándolo como un recordatorio perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país. Además, se ha enfatizado la necesidad de mejorar las medidas preventivas y garantizar la protección y apoyo a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Estos acontecimientos subrayan la urgencia de implementar una estrategia integral y coordinada para enfrentar la violencia y la influencia de los cárteles en México. Es imperativo que las autoridades, en colaboración con organizaciones civiles y la comunidad internacional, fortalezcan los mecanismos de búsqueda, investigación y justicia para las víctimas y sus familias. Solo a través de un esfuerzo conjunto y transparente se podrá hacer frente a esta crisis humanitaria que lacera al país.