En la sección “Cero Impunidad” del informe presentado por Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se señaló a jueces federales que han otorgado suspensiones contra la reforma al Poder Judicial, conocida como «Plan C».
Entre los casos destacados se encuentra el de la jueza Marta Eugenia Magaña López, quien el 30 de agosto concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo en contra de la reforma. Según la jueza Magaña López, la medida fue tomada para evitar un daño de «imposible reparación» que podría derivarse de la aprobación del dictamen de la reforma, ya discutido y aprobado el 26 de agosto.
La suspensión impide que el proyecto sea discutido y votado en la nueva legislatura que comenzó el 1 de septiembre. En su resolución, la jueza mencionó que actuó «en protesta» por lo que considera ataques a la independencia judicial.
Otro caso relevante es el del juez Felipe Soto, quien también el 30 de agosto otorgó una suspensión de oficio a otros jueces federales que habían promovido un amparo similar. La suspensión dictada por Soto ordena al Congreso de la Unión abstenerse de enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva del amparo.
El juez Soto argumentó que permitir la continuación del proceso legislativo podría dejar sin materia el amparo promovido, haciendo irreparables los daños para los demandantes.