A pocos días de la elección judicial del 1 de junio, considerada un momento clave para el fortalecimiento de la democracia en México, el Partido Acción Nacional (PAN) ha optado por una postura de desdén y evasión al anunciar que se abstendrá de participar en el proceso. Con el pretexto de que la elección está “viciada de origen” y es una “farsa” del gobierno federal, el PAN se deslinda de su responsabilidad democrática, enviando un mensaje preocupante de abandono institucional y falta de compromiso con el país.
Lejos de asumir un papel constructivo o propositivo, el PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, ha preferido tomar el camino fácil de la descalificación sin ofrecer alternativas viables. Romero ha calificado el proceso como un “fraude sin precedentes”, mientras que el senador Marko Cortés se ha negado a votar, reforzando el aislamiento del partido frente a un evento que, aunque imperfecto, representa un avance en la participación ciudadana en temas judiciales.
La actitud del PAN ha sido severamente cuestionada por analistas, académicos y líderes sociales, quienes advierten que esta decisión mina los principios democráticos y debilita las instituciones al dejar vacíos que otros actores —con intereses menos transparentes— podrían ocupar. Renunciar a la contienda no sólo es un acto de cobardía política, sino una traición a sus simpatizantes y a todos los mexicanos que esperan de sus representantes una defensa activa del Estado de derecho.
Aún más grave es la negativa del PAN a convocar a su base militante a participar en la elección. En lugar de alentar la participación y buscar que la ciudadanía elija a los perfiles más adecuados, el PAN opta por el silencio y la pasividad, contribuyendo a un ambiente de abstencionismo que perjudica directamente la legitimidad del proceso.
Mientras otros partidos y organizaciones sociales, incluso con críticas al mecanismo de elección, han hecho un llamado responsable al voto, Acción Nacional decide retirarse y dejar a la ciudadanía sin guía ni representación. Esta actitud revela una desconexión preocupante entre la dirigencia panista y los valores democráticos que dicen defender.
La elección judicial del 1 de junio es una oportunidad inédita para democratizar la justicia en México. Que el PAN elija ignorarla no sólo lo aleja de la ciudadanía, sino que lo exhibe como un partido sin visión, sin compromiso y sin el valor de enfrentar los desafíos de una democracia que exige participación y responsabilidad.