Con 452 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la creación de una nueva Ley Nacional para eliminar Trámites Burocráticos y la Corrupción. Esta ley contempla un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios, la creación de una autoridad nacional y el diseño de herramientas para facilitar el desarrollo de estas actividades.
La iniciativa otorga al Congreso la facultad de legislar en áreas como la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y servicios, así como el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas públicas. Esto va más allá de la regulación que estipulaba la redacción original del proyecto. Además, la reforma obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno a implementar políticas públicas enfocadas en reducir los trámites y requisitos.
Según los proponentes, esta medida representa un primer paso hacia la consolidación del e-gobierno en el país. Aunque todos los grupos parlamentarios respaldaron la propuesta del Ejecutivo, la oposición advirtió sobre la necesidad de asignar presupuesto a las entidades federativas y los municipios para la reconversión tecnológica, además de garantizar que las zonas rurales tengan acceso a las tecnologías y a la protección de los datos personales. Por su parte, Morena destacó que la reforma contribuirá a reducir los costos administrativos y a combatir la corrupción.
El diputado panista Roberto Sosa señaló que los municipios y estados necesitarán recursos para implementar la infraestructura tecnológica necesaria en las comunidades. «No encuentro en ningún lugar del dictamen que se asignen recursos a los estados y municipios para apostar por la tecnología, para llevar internet a las comunidades y lugares donde se requiere inversión en infraestructura», manifestó.
En la misma línea, la diputada priista Leticia Barrera destacó la brecha digital existente en las zonas rurales de México. Señaló que, aunque se busca mejorar la burocracia mediante la tecnología, no se puede aplicar la misma estrategia en todo el territorio. «Falta infraestructura y educación para el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro país requiere mejoras regulatorias para optimizar la burocracia, pero no podemos tratar de la misma manera a quienes han sido desatendidos. Debemos sumar más delegaciones y oficinas cercanas a las zonas rurales para poder realizar los trámites más solicitados por la gente del campo», explicó.
El diputado priista Luis Gerardo Sánchez acusó que, a pesar de las promesas del oficialismo de eliminar la corrupción dentro de la burocracia, no se ha logrado erradicar el «coyotaje». «Aunque el oficialismo lo niega, todos hemos sido testigos de que, para agilizar los trámites, es necesario ‘caerle con una lanita'», afirmó.
Finalmente, la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, destacó que la reforma facilitará el acceso a los servicios públicos, reducirá los costos asociados a los trámites, traslados y administración de archivos, y promoverá la transparencia y modernización de la gestión pública, todo ello con un enfoque en la protección de los datos personales.
«Este cambio tiene como objetivo reducir los espacios para la corrupción en la administración pública a nivel federal, estatal y municipal, mediante la simplificación administrativa, la homologación de trámites y requisitos, la reducción del tiempo de resolución y los procesos de atención, disminuyendo así la carga regulatoria», concluyó.