El establecimiento prestaba servicios a Luz Divina, Capillas, Protecto Deco, Del Carmen Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno; hay dos detenidos y posibles penas de hasta 16 años
Ciudad Juárez.– El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que el crematorio donde se localizaron 383 cuerpos embalsamados en condiciones irregulares brindaba servicios a al menos seis funerarias locales. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trata de: Luz Divina, Capillas, Protecto Deco, Del Carmen Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
En conferencia de prensa, el fiscal detalló que ya se ha iniciado una investigación exhaustiva con el objetivo de identificar los cuerpos, determinar responsabilidades y garantizar un trato digno para los restos humanos y sus familiares.
“Vamos a hacer una investigación detallada, a efecto de transparentar todo este procedimiento. Se trata de un caso grave de irresponsabilidad. En todos los casos, los familiares recibieron cenizas, lo que indica que hubo engaño”, señaló Jáuregui.
Hasta cuatro años sin cremación
Peritos de la Fiscalía estiman que los cuerpos llevaban entre tres y cuatro años almacenados en cuartos no aptos para resguardar restos humanos. Además de los 383 cuerpos, se encontraron seis restos más.
El fiscal también informó que hasta el momento no se han interpuesto denuncias, ya que los familiares apenas comienzan a enterarse del caso. No obstante, reiteró que se investigará a fondo tanto a los dueños del crematorio como a funcionarios o particulares que hubiesen incurrido en alguna acción u omisión.
Dos detenidos y posibles sanciones penales
Por el caso ya hay dos personas detenidas: José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio, y Facundo Martínez Robledo, quien fungía como encargado del lugar. Ambos serán presentados ante un juez.
El fiscal indicó que las penas podrían alcanzar hasta 16 años de prisión, de acuerdo con la Ley General de Salud, por delitos relacionados con el uso indebido de cuerpos humanos, salubridad, fraude e inhumación clandestina. Los cargos también incluyen la prestación de servicios funerarios en condiciones fraudulentas o negligentes.
Sin vínculo con crimen organizado ni desapariciones
Jáuregui descartó que el caso esté vinculado al crimen organizado o a desapariciones forzadas. Aclaró que todos los cuerpos presentan tratamiento funerario, lo cual sugiere que se trata de cadáveres que fueron procesados con fines legítimos, pero mal gestionados.
“Creemos que difícilmente se presentará eso [la desaparición], pero se va a investigar cada cuerpo para despejar cualquier duda”, puntualizó.