El conglomerado CK Hutchison Holdings Ltd. ha decidido traspasar el control de su unidad que opera los puertos cercanos al Canal de Panamá, en respuesta a la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este movimiento forma parte de los esfuerzos por reducir la influencia china en la región.
El acuerdo contempla la venta del 90 % de Panama Ports Co., la empresa responsable de la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal, a un consorcio encabezado por BlackRock Inc. y su división Global Infrastructure Partners. Esta transacción marca un hito importante en la batalla por el control estratégico de esta vía interoceánica, clave en la geopolítica comercial global.
Valorada en alrededor de 19 mil millones de dólares, la operación se da en un contexto donde el gobierno de Panamá había evaluado la posibilidad de anular la concesión otorgada a Hutchison para operar los puertos. A la par, una auditoría en curso sobre el contrato con la empresa había generado incertidumbre sobre su futuro en el país.
Este movimiento no solo responde a la estrategia del grupo chino, sino también a los intereses de las autoridades panameñas, que buscan disminuir las tensiones con Estados Unidos. Trump ha sido un firme crítico de la presencia china en el Canal de Panamá, acusando, sin pruebas, a Pekín de tener control sobre la vía fluvial, y de que Estados Unidos paga tarifas excesivas por el paso de sus barcos gubernamentales.
Con este acuerdo, la administración Trump consigue una victoria en su estrategia de presionar a China, a la vez que refuerza su posición en cuanto al control de infraestructuras clave en la región. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el gobierno panameño han emitido comentarios oficiales sobre la transacción, aunque se ha informado que el Congreso de EE.UU. fue previamente notificado.
Hutchison tiene presencia en Panamá desde 1997, cuando se le concedió la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. La concesión fue extendida en 2021 hasta 2047. Sin embargo, las crecientes presiones políticas y la incertidumbre regulatoria llevaron al conglomerado a reconsiderar su permanencia en el país.
Para Panamá, el cambio de operador representa un giro en la administración de su infraestructura portuaria, en un momento donde el Canal enfrenta desafíos por la crisis climática y las restricciones de tránsito debido a la escasez de agua.