Al menos 60 servidores públicos renunciaron a sus respectivos cargos dentro de la Oficina de Representación (OR) del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, desde el momento en que asumió la titularidad Esther Martínez Zúñiga, informó personal de la dependencia.
Fuentes al interior de la institución refirieron que, a escasos dos meses de que Francisco Garduño Yáñez deje el cargo al concluir la administración del presidente Manuel Andrés López Obrador, el INM en Chihuahua está prácticamente desmantelado y los pocos empleados que quedan no corresponden a las áreas en las trabajaban previamente, lo que mantiene mínimo rendimiento y atención a los usuarios.
“Es una vergüenza lo que sigue ocurriendo aquí”, dijeron trabajadores entrevistados a condición del anonimato por temor a represalias.
Los empleados dijeron que el pasado lunes 22 del mes en curso, el comisionado citó a todos los mandos a las 11 de la noche en las oficinas situadas en el Puente Internacional Córdova–de las Américas.
La titular, que había acudido ese día a la ciudad de Chihuahua para participar en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, que encabezó Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, regresó a Juárez para acompañar al comisionado.
La capacidad administrativa de Martínez Zúñiga fue cuestionada por el servidor público que se encuentra sujeto a proceso penal, al ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de ejercicio indebido del servicio público luego del incendio ocurrido en la estación migratoria en la que más de 40 personas murieron asfixiadas.
Debido a que Garduño Yáñez enfrenta el proceso penal en libertad y cada 15 días debe cumplir con la medida cautelar de firma periódica, acude a esta frontera con agenda de trabajo para que sea el INM el que cubra sus gastos, según indican datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Martínez Zúñiga ha pretendido cubrir las plazas faltantes con agentes comisionados de otros estados; sin embargo, esto implica más carga de trabajo para el poco personal que permanece aún en el INM, ya que desconocen los procesos y existe temor de firmar documentación oficial, pues temen que procedimientos administrativos por las irregularidades al no contar con nombramientos oficiales para determinadas funciones.
Los empleados entrevistados expusieron que precisamente estos procedimientos irregulares, ordenados desde la OR Chihuahua, son los que mantienen preso a Juan Carlos Meza, quien era titular del Grupo Beta y presuntamente fue forzado a firmar como responsable Unidad Interna de Protección Civil de la estación migratoria donde ocurrió el incendio, cuando su función era ajena a esa unidad.