El Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por 60 días a Gerardo Ascencio Baca, quien fuera jefe de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), tras descubrirse que autorizó indemnizaciones indebidas por más de 240 mil pesos a dos extrabajadores de la institución. La sanción se deriva de una investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que evidenció irregularidades en la Cuenta Pública de 2021.
Según la denuncia presentada por la ASE el 14 de noviembre de 2023, Ascencio Baca aprobó pagos que carecían de sustento legal, bajo el concepto de «Terminación en el Puesto de Secretario de Departamento». Estos pagos fueron dirigidos a dos funcionarios cercanos al entonces rector de la UACH, Luis Alberto Fierro Ramírez.
Los beneficiarios de las indemnizaciones fueron el Secretario Particular del exrector, quien recibió 138 mil 971 pesos, y el Coordinador de Asesores Técnicos, quien percibió 120 mil 550 pesos. El Tribunal señaló que, bajo las circunstancias de su salida y la naturaleza de sus funciones, la UACH no estaba obligada a realizar estos pagos, lo que implicó un desvío de recursos públicos.
Posible Responsabilidad del Exrector Luis Fierro
El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, señaló que la ASE continuará con investigaciones adicionales, enfocándose en los beneficiarios de estas indemnizaciones irregulares. Además, dejó abierta la posibilidad de que se inicie un proceso en contra del exrector Luis Fierro Ramírez, para determinar su posible grado de responsabilidad en la autorización de los pagos.
La resolución fue emitida por la Quinta Sala Unitaria del TEJA, presidida por la magistrada Priscila Soto Jiménez, quien ratificó la inhabilitación de Ascencio Baca por su responsabilidad en el manejo indebido de los recursos. La ASE, en su calidad de acusadora, también recibió la notificación de la sentencia.
Reacción ante la Sentencia
La decisión del TEJA refleja el compromiso del órgano de control en investigar y sancionar irregularidades en el manejo de recursos públicos. El caso ha generado inquietud en la comunidad universitaria y en la opinión pública, ya que se cuestiona el uso de recursos para beneficiar a funcionarios cercanos al rector de la UACH en el periodo en cuestión.
Por su parte, Ascencio Baca aún tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante el Tribunal, lo que podría extender el proceso legal. En caso de que se confirme la sentencia, la inhabilitación podría tener repercusiones en su futuro profesional y administrativo, dado que el proceso implica una restricción en el ejercicio de funciones públicas.
La situación también mantiene bajo la lupa a otros actores de la administración universitaria, especialmente a Luis Fierro, quien en su calidad de rector podría enfrentarse a investigaciones adicionales si se determina que hubo complicidad en la autorización de los pagos irregulares.
Impacto en la Universidad Autónoma de Chihuahua
Este caso resalta las tensiones internas que han marcado la administración de la UACH, y pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos dentro de las instituciones educativas. La comunidad universitaria y los ciudadanos esperan que se esclarezcan todos los detalles del caso y que los responsables, en caso de ser identificados, enfrenten las consecuencias legales correspondientes.