En una sesión histórica, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial la madrugada del 11 de septiembre de 2024, con 86 votos a favor y 41 en contra. Lo que parecía una votación predecible dio un giro inesperado cuando Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, rompió filas con su partido y apoyó la reforma, fortaleciendo la mayoría calificada. Este respaldo de Yunes, un exgobernador de Veracruz, fue clave para inclinar la balanza, sorprendiendo a la oposición y generando controversia dentro de su propio partido.
Por otro lado, otro episodio notable fue el del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien «desapareció» en las horas previas a la votación debido a que su padre fue detenido por la fiscalía estatal en Campeche. Su regreso añadió tensión a la jornada, ya que no fue dado su voto y resultó fundamental en el desenlace de la reforma.
La aprobación de esta reforma implica cambios profundos en el sistema judicial, incluyendo la elección de jueces y magistrados mediante voto popular y la reducción del número de ministros en la Suprema Corte. Si bien la reforma ha sido criticada por algunos sectores por poner en riesgo la independencia judicial, sus defensores la ven como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo y más equitativa.
Ahora, la reforma pasa a los congresos estatales, donde necesitará ser ratificada por al menos 17 entidades. Oaxaca ha sido el primer estado en aprobarla por unanimidad, mientras que otros estados ya preparan sesiones extraordinarias para continuar con el proceso. El futuro del Poder Judicial está en juego, y todo apunta a que este cambio histórico está más cerca de concretarse, impulsado por una mezcla de alianzas inesperadas y presiones políticas.
La reforma al Poder Judicial ha desatado un terremoto político que no solo reconfigura el sistema de justicia, sino que también redefine las lealtades y el futuro político de quienes la respaldaron. Con aliados inesperados y el respaldo ya en algunos congresos estatales, el proyecto avanza, pero deja una pregunta crucial en el aire: ¿esta transformación será el paso hacia una justicia más democrática o el principio del fin de la independencia judicial en México?