CHIHUAHUA, Chih. — El subsecretario de Educación Básica de Chihuahua, Lorenzo Arturo Parga Amado, precisó que la medida no constituye una prohibición absoluta, sino un ordenamiento normativo para establecer límites claros y priorizar el aprendizaje. «Restricción significa poner límites. Esto no quiere decir que esté prohibido», detalló el funcionario estatal, señalando que el objetivo primordial es mitigar el impacto negativo de las pantallas y redes sociales en el rendimiento académico y la concentración de los alumnos.
Tres excepciones clave para el uso de dispositivos
De acuerdo con las pautas autorizadas por las autoridades educativas, los estudiantes de educación básica únicamente podrán utilizar sus teléfonos móviles bajo tres circunstancias específicas:
- Motivos de salud: Cuando el estudiante padezca alguna condición médica verificada que obligue a mantener un monitoreo o comunicación constante, previo aviso formal de los padres o tutores a la dirección del plantel.
- Fines pedagógicos: En el momento en que un docente planee y autorice de manera expresa una actividad de aprendizaje que requiera el uso de herramientas digitales.
- Casos de emergencia: Situaciones extraordinarias que atenten contra la seguridad o la integridad de la comunidad escolar.
Plazos de armonización y autonomía escolar
El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de un plazo de 180 días naturales para concluir la armonización y adecuación de los instrumentos jurídicos locales conforme a la reforma general. Parga Amado informó que en un lapso aproximado de dos semanas se publicará el marco general definitivo en el estado, permitiendo que cada escuela adapte los reglamentos a sus contextos geográficos y sociales particulares.
Mientras se consolida dicho reglamento definitivo, los planteles aplicarán sus propios acuerdos internos de convivencia escolar, los cuales ya contemplaban restricciones similares en más de la mitad de las escuelas de la entidad. Por otra parte, los niveles de Educación Media Superior y Superior mantendrán la autonomía para consensuar sus propias reglas de uso con sus respectivas comunidades estudiantiles.
La entrada en vigor de esta normativa responde a un pacto alcanzado por las autoridades educativas de las 32 entidades del país, impulsado tras consultas donde el sector docente manifestó de forma mayoritaria su preocupación por la dependencia digital y la pérdida de habilidades cognitivas y psicomotoras en los menores.
