CIUDAD DE MÉXICO. – En un avance clave dentro de la estrategia de restitución de bienes públicos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Estado mexicano logró la recuperación material de más de 5 millones de dólares desviados mediante el entramado de corrupción encabezado por Genaro García Luna. Los recursos provienen directamente de cuentas del Grupo Weinberg, consorcio empresarial utilizado para triangular fondos del erario público.
Origen de los fondos y el esquema Weinberg
Los montos devueltos al país se desprenden del juicio civil que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso en cortes de Florida, Estados Unidos, desde septiembre de 2021. En dicho proceso, un tribunal de Miami dictó sentencia definitiva ordenando a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto reparar el daño patrimonial ocasionado al Estado por un total de 578.5 millones de dólares.
La red criminal operó mediante la obtención ilegal de aproximadamente 30 contratos públicos en materia de seguridad entre los años 2009 y 2018. A través de estas licitaciones simuladas, el dinero era extraído hacia cuentas e inmuebles localizados en territorio estadounidense.
El desglose de las recuperaciones
La cifra presentada se integra a una serie de resoluciones favorables que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sumado en meses recientes para desmantelar la estructura financiera del exsecretario:
- Agosto de 2026: Recuperación de 5 millones de dólares del Grupo Weinberg.
- Principios de agosto de 2026: Devolución e ingreso a la Tesorería de la Federación de 500 mil dólares bajo el mismo esquema.
- Monto total acumulado: Con las sentencias dictadas previamente contra García Luna y su cónyuge, Linda Cristina Pereyra, las condenas a favor de México ascienden a un acumulado histórico superior a los 3 mil 67 millones de dólares.
La mandataria federal adelantó que el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, asistirá a la conferencia de prensa matutina para desglosar detalladamente la ruta jurídica y financiera que hizo posible el retorno de este capital al país.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su postura ante las autoridades norteamericanas de exigir la repatriación de cualquier activo confiscado a delincuentes o exfuncionarios corruptos en su territorio, bajo el argumento de que el principal daño patrimonial y social fue ejecutado contra el pueblo mexicano.
De acuerdo con los lineamientos legales vigentes de la Federación y los pronunciamientos oficiales de las autoridades hacendarias, los fondos recuperados del caso Genaro García Luna e inyectados a las arcas públicas tienen las siguientes directrices y destinos específicos asignados:
- Ingreso directo a la Tesorería: Los recursos son transferidos directamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para garantizar su fiscalización.
- Prohibición de gasto corriente: Por ley, la totalidad de este capital no puede ser utilizado para gasto corriente, salarios de funcionarios o fines administrativos operativos del gobierno. [1]
- Financiamiento de un proyecto específico: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adelantaron que el dinero recuperado (comenzando por los primeros bloques devueltos) se etiquetó para el desarrollo de un proyecto de infraestructura pública y beneficio social particular, cuyo desglose técnico se presentará a la opinión pública. [1, 2]
- Programas de beneficio social: Financiamiento y soporte para la consolidación de esquemas de apoyo directo a sectores vulnerables de la población. [1]
- Fortalecimiento institucional de seguridad: Inversión para equipamiento, tecnología y adiestramiento de las propias corporaciones de seguridad del país, buscando resarcir el daño original provocado por los desvíos en dicha materia.