La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Gobierno Federal investiga una posible transgresión a la Ley de Seguridad Nacional, luego de la presunta participación de funcionarios estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino.
Durante su conferencia, la mandataria aclaró que el caso no debe interpretarse como un diferendo político con la gobernadora Maru Campos, sino como un asunto relacionado con la soberanía nacional y la obligación de las entidades federativas de apegarse al marco constitucional.
Explicó que, si bien la Secretaría de la Defensa Nacional participó en el operativo en coordinación con autoridades estatales, no se tenía conocimiento de la presencia de personal extranjero en dichas acciones.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya envió una nota diplomática al embajador de Estados Unidos para solicitar información precisa sobre los hechos y determinar si hubo alguna actuación fuera de los acuerdos bilaterales vigentes.
La presidenta detalló que, además del pronunciamiento diplomático, se pidió un informe completo para esclarecer el papel de los ciudadanos extranjeros, incluyendo desde cuándo se encontraban en el país, bajo qué estatus operaban y qué funciones desempeñaron durante el operativo conjunto con autoridades locales.
Subrayó que incluso si su participación hubiera sido únicamente con fines de capacitación o adiestramiento, dicha colaboración debió contar previamente con la autorización del Gobierno de México.
En ese sentido, puntualizó que hasta ahora no existe registro de que dependencias federales como la Cancillería, la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hayan sido notificadas sobre la intervención de personal extranjero.
Sheinbaum reiteró que México no permite la participación directa de agentes extranjeros en operativos dentro de su territorio, y enfatizó que la cooperación en materia de seguridad debe realizarse exclusivamente a través de mecanismos institucionales previamente establecidos.
Recordó que, conforme a la legislación vigente, cualquier relación en temas de seguridad con Estados Unidos debe canalizarse por conducto del Gobierno Federal, particularmente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Añadió que la Ley de Seguridad Nacional establece que los funcionarios extranjeros deben abstenerse de entablar gestiones directas con autoridades distintas a las instancias federales facultadas para coordinar la cooperación bilateral.
La mandataria también informó que buscará dialogar con la gobernadora Maru Campos para revisar lo ocurrido, aunque insistió en que el mensaje aplica para todos los gobiernos estatales, independientemente de su filiación política.
En cuanto a la comunicación con la titular del Ejecutivo estatal, adelantó que sostendrá primero una llamada telefónica y posteriormente se evaluará la posibilidad de una reunión presencial. Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya establecieron contacto con la gobernadora para atender el tema de forma inmediata.
Finalmente, advirtió que el Gobierno Federal analizará si existen sanciones aplicables conforme al marco legal, al considerar que la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país representa un asunto sensible que involucra la seguridad nacional y la soberanía. Añadió que el gabinete de seguridad federal dará a conocer más detalles una vez que concluya la revisión interna del caso.