El Congreso del Estado de Chihuahua pospuso la votación del dictamen que crea la Ley de Indulto, también conocida como Ley Beatriz, tras una solicitud del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien pidió ampliar el análisis y excluir más delitos graves del beneficio.
El tema formaba parte del orden del día de la sesión del martes 21 de octubre, sin embargo, fue retirado a propuesta del legislador morenista.
“Se había planteado que tuviésemos un día más para que cada bancada estudiara la posibilidad de alguna reserva. No se dio de esa forma. Se subió de inmediato al día siguiente y nosotros dijimos que como bancada requeríamos al menos un día más para hacer el estudio”, explicó Estrada Sotelo.
La Ley de Indulto, promovida por la gobernadora Maru Campos Galván, busca reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua y crear un nuevo marco legal que faculte al Poder Ejecutivo Estatal para otorgar el indulto en circunstancias excepcionales.
De acuerdo con el dictamen —registrado bajo el número de asunto 951—, el Ejecutivo podrá conceder el indulto a personas con sentencia irrevocable por delitos del fuero común, siempre que se trate de casos con circunstancias humanitarias, como la protección de reclusos menores de 14 años o con discapacidad, adultos mayores de 70 años o personas con enfermedades crónico-degenerativas o en fase terminal.
El proyecto también establece que para conceder el indulto, la autoridad penitenciaria deberá emitir un informe que acredite la reinserción social del sentenciado y que no represente riesgo para las víctimas, los testigos ni la seguridad pública, además de garantizar la reparación del daño.
La gobernadora contaría con el apoyo de un Comité Técnico, integrado por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que emitiría una opinión sobre la viabilidad de cada caso.
El documento establece también que no podrán recibir el beneficio quienes hayan sido condenados por corrupción, feminicidio, secuestro, abuso sexual, o quienes hayan mostrado mala conducta dentro del sistema penitenciario. Morena propone además incluir en esa lista el homicidio calificado.
La discusión de esta iniciativa ha generado posturas encontradas en el Congreso, ya que mientras el Ejecutivo estatal impulsa la medida bajo un enfoque humanitario y de reinserción social, legisladores de oposición buscan evitar que el indulto se preste a discrecionalidad o se utilice con fines políticos.