El Congreso del Estado de Chihuahua recibió para análisis una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena que propone reducir en más de 114 millones de pesos el financiamiento público destinado a los partidos políticos, con el argumento de que dichos recursos deben orientarse a salud, seguridad y educación.
La propuesta, registrada bajo el asunto 280 y turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, plantea modificar la Constitución local para disminuir a la mitad tanto el gasto ordinario como el de campañas.
De aprobarse, el financiamiento estatal de partidos pasaría de 147 millones 668 mil 331 pesos a solo 73 millones 834 mil 165 pesos, lo que representa un recorte histórico en Chihuahua.
Según la iniciativa, Morena sería el partido más golpeado en términos proporcionales, aunque aún conservaría una bolsa importante: 20.8 millones de pesos anuales para actividades ordinarias, además de 11.4 millones para campañas. El PAN recibiría 21.4 millones de manera ordinaria y 11.8 millones en campañas; el PRI caería a 14.4 millones y 7.9 millones respectivamente. Movimiento Ciudadano, PVEM y PT apenas rozarían cifras entre 2.9 y 6 millones.
Morena argumenta que la reducción “beneficiará las finanzas públicas” y permitirá al Estado financiar consultas a pueblos originarios y organizar elecciones locales sin sacrificar recursos destinados a servicios básicos.
“Los partidos deben ser empáticos en disminuir sus gastos de organización y operación”, señala el documento, en un llamado a las demás fuerzas políticas a respaldar la iniciativa.
El proyecto también cambia la fórmula de cálculo de las prerrogativas: ahora se multiplicará el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la UMA, distribuyéndose un 30% de manera igualitaria entre partidos y el 70% según votos obtenidos en la elección de diputados local previa.
El recorte, sin embargo, ya genera debate. Para algunos analistas, representa un golpe directo a la estructura de partidos tradicionales, mientras que para otros es un gesto populista que podría dejar a la democracia local con partidos debilitados frente a gobiernos con más poder.
La iniciativa deberá votarse en el Pleno del Congreso y, de ser aprobada, necesitará la mayoría de votos de los 67 Ayuntamientos para entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.