Chihuahua, Chih. — Luego del hallazgo de 383 cuerpos en estado de descomposición dentro de un crematorio irregular en Ciudad Juárez, la diputada Rosana Díaz Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este jueves una iniciativa para regular de manera más estricta los servicios funerarios, de embalsamamiento y cremación en el estado.
Durante la sesión de la Segunda Diputación Permanente, celebrada en el Salón Morelos del Congreso local, Díaz Reyes propuso una reforma a la Ley Estatal de Salud, mediante la adición del artículo 247 Bis, con el objetivo de establecer controles específicos para el manejo de residuos biológicos peligrosos.
La iniciativa obliga a estos establecimientos a cumplir con dos Normas Oficiales Mexicanas: la NOM-002-SEMARNAT-1996, que regula la descarga de residuos al sistema de alcantarillado, y la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, sobre la disposición final de cadáveres humanos y materiales infecciosos.
“Todo establecimiento que preste servicios funerarios, de embalsamamiento o cremación deberá demostrar, mediante autorización oficial, que cumple con los protocolos y criterios para el manejo, clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos”, señala el proyecto de decreto.
La legisladora advirtió que el mal manejo de restos humanos y el uso inadecuado de sustancias como el formaldehído —identificado como carcinógeno humano por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer— no solo representan un riesgo sanitario, sino también ecológico.
“La consecuencia es bioquímicamente inevitable: estas sustancias colapsan el ecosistema microbiano de las plantas tratadoras de aguas, dañando una infraestructura pública millonaria y obligando a los municipios a incumplir con la normativa federal”, expuso Díaz Reyes.
El caso que motivó esta reforma fue el del crematorio “Plenitud”, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde autoridades encontraron cientos de cadáveres acumulados en condiciones insalubres, sin que se llevara a cabo su cremación, lo que evidenció —según la diputada— una “grave omisión en el marco regulatorio estatal”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.