Ciudad Juárez, Chih.— La diputada local Yesenia Reyes Argüelles reveló que María Eugenia Galván, madre de la gobernadora Maru Campos Galván, se desempeñaba como presidenta de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en el momento en que fue autorizado el crematorio hoy bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de cuerpos humanos.
Según detalló Argüelles, el permiso fue otorgado en 2016, año en que Galván asumió la titularidad de Coespris, cargo que ocupó hasta 2021. Esta conexión, señaló la legisladora, genera serias sospechas de encubrimiento y negligencia institucional, dado que el caso ha despertado una profunda indignación social por la posible entrega de cenizas de animales en lugar de restos humanos a las familias juarenses.
“Emitir declaraciones sin sustento técnico ni evidencia documental es no solo insensible, sino también incorrecto”, sentenció Argüelles en rueda de prensa.
La legisladora morenista criticó fuertemente a las autoridades por minimizar el hecho, alegando que todos los cuerpos cremados estaban identificados, a pesar de que hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba documental que respalde esas afirmaciones.
El caso ha causado un impacto emocional profundo entre decenas de familias, que ahora dudan de la autenticidad de las cenizas recibidas y temen que sus seres queridos no hayan sido tratados con dignidad.
Cenizas de animales
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en declaraciones recientes que se investiga la entrega de cenizas de animales en lugar de restos humanos. Este hecho, dijo, representa una violación grave a la dignidad y derechos de las víctimas y podría configurar delitos como ocultamiento de cadáveres o falsedad en declaraciones oficiales.
La diputada Argüelles exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva e independiente, que alcance también a exfuncionarios de salud que pudieron incurrir en omisiones o encubrimiento. También solicitó que la Coespris asuma su responsabilidad inmediata, transparente el proceso y ofrezca una respuesta clara y contundente a las familias afectadas.
“Este caso no solo es una tragedia humanitaria, sino un golpe a la confianza pública en las instituciones de salud y seguridad. La ciudadanía merece justicia y verdad”, subrayó Argüelles.
El escándalo del crematorio ha escalado rápidamente en la opinión pública y podría tener implicaciones políticas serias si se confirma que hubo negligencia institucional protegida por relaciones familiares o de poder.
La comunidad juarense exige claridad, justicia y que nunca más se repita una falta de respeto tan profunda a la memoria de sus muertos.