La temporada de incendios forestales de 2025 en Chihuahua enfrenta una situación complicada, donde se combinan factores criminales, condiciones climáticas extremas y dificultades operativas. Según las cifras oficiales proporcionadas en una rueda de prensa, el 2% de los incendios son causados directamente por el crimen organizado, mientras que el 98% restante tiene origen humano, ya sea por negligencia o prácticas agrícolas peligrosas y tradicionales.
En una conferencia de prensa, Humberto Molinar Hernández, director de Desarrollo Forestal de la Conafor, explicó que los incendios relacionados con grupos delictivos ocurren en tres contextos principales: durante enfrentamientos armados en los que se incendian vehículos, a causa de la tala ilegal que deja material combustible, y, en algunos casos, como parte de una táctica para distraer a las autoridades de otras actividades ilegales. «No son casos de piromanía, sino consecuencias colaterales de sus acciones», indicó Molinar.
La situación se ve aún más agravada por las condiciones climáticas extremas. El monitor de sequía de la Conagua señala que el 85% del territorio de Chihuahua enfrenta sequía severa, en niveles que van desde «extrema» hasta «excepcional», la categoría más grave. Luis Ramón Corral Torresday, coordinador estatal de Protección Civil, advirtió que esta sequía se combina con ráfagas de viento superiores a 70 km/h y una humedad relativa inferior al 20%, creando el entorno perfecto para la rápida propagación de los incendios.
Comparando con el año anterior, los riesgos actuales son mayores debido a la acumulación de material vegetal seco y las temperaturas más altas registradas en la última década. La región más afectada ha sido la Sierra Tarahumara, con municipios como Guadalupe y Calvo enfrentando 20 incendios este año, mientras que Madera sufrió un megaincendio que arrasó 8,500 hectáreas.
La respuesta del gobierno ha sido robusta, con un operativo especial que incluye 150 brigadas desplegadas estratégicamente, 360 brigadistas recién capacitados y el uso de tecnología avanzada desde el Centro Estatal de Manejo de Fuego. Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural, subrayó la coordinación interinstitucional con la Sedena, la Guardia Nacional y los gobiernos municipales, así como la implementación de quemas controladas y brechas cortafuego preventivas.
No obstante, las autoridades reconocen que enfrentan limitaciones. Molinar Hernández comentó que «no podemos perseguir delincuentes, solo combatir incendios», haciendo referencia a las dificultades de seguridad en las zonas controladas por grupos criminales responsables de provocar incendios, aunque señaló que estos casos son los menos comunes.
El impacto ecológico de estos incendios es devastador. Cada hectárea de bosque adulto perdida tarda entre 25 y 30 años en recuperarse, afectando servicios ambientales esenciales como la captura de carbono y la recarga de acuíferos. La fauna también se ve gravemente afectada, con desplazamiento de especies mayores y muerte de animales pequeños, además de la pérdida de hábitats a largo plazo.
Con la proximidad de la Semana Santa, un periodo históricamente de alto riesgo para incendios, las autoridades han emitido recomendaciones estrictas. Estas incluyen la prohibición total de fogatas en áreas naturales, restricciones a actividades agrícolas que impliquen fuego y campañas de concientización dirigidas a los turistas. El llamado es especialmente urgente, ya que, históricamente, los fines de semana festivos suelen registrar hasta 24 incendios simultáneos, frente a un promedio de 7 durante los días de semana.