Un juez penal dictó la orden de embargar 800 mil pesos de diferentes cuentas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACH). Este dinero será destinado a cubrir el pago de una compensación a una persona que fue defraudada en la compra de lotes de un terreno ubicado cerca del fraccionamiento Altozano.
La retención de estos fondos, que provienen de las cuotas de los trabajadores sindicalizados administrativos de la UACH, se realizó el miércoles en una entidad bancaria cuyo nombre no ha sido revelado. Salvador García, líder del sindicato, divulgó en un video la misma noche que, además del embargo actual, se avecina otro por un millón 300 mil pesos, relacionado con una demanda cuyo estado desconoce, pero que está seguro de que llegará en algún momento.
En total, se embargaron 198 mil 643 pesos con 62 centavos de la cuenta corriente, 234 mil 145 pesos con 74 centavos de la cuenta de resistencia, y 369 mil 646 pesos con 64 centavos de la cuenta de proveedores. De acuerdo con García, la cantidad total embargada asciende a 802 mil 436 pesos, que incluyen los 800 mil pesos correspondientes al terreno, y el resto corresponde a un cheque que fue cambiado cuando la cuenta ya estaba en ceros.
El dirigente sindical comentó que, durante una asamblea, una compañera había señalado que las demandas tomarían tiempo en llegar, pero lamentablemente, ya se están materializando. García criticó a aquellos que se opusieron a la venta del terreno en Altozano, la cual se había propuesto como una solución para resolver las denuncias de fraude que surgieron meses atrás. Aseguró que las voces contrarias al sindicato solo están perjudicando a los trabajadores, ya que los embargos afectarán directamente su patrimonio.
Hace aproximadamente mes y medio, miembros del sindicato denunciaron lo que consideraron «manejos turbios» en la venta de un terreno de siete hectáreas que pertenecía al sindicato. En ese momento, afirmaron que el sindicato solo recuperaría 14 millones de los 60 millones que se esperaba obtener por la venta.
La propuesta de venta, que fue finalmente rechazada el 25 de febrero, incluía el pago de tres millones de pesos como comisión para el vendedor del terreno, tres millones y medio por el avalúo del mismo, y un millón de pesos para el abogado encargado de la defensa jurídica frente a las denuncias de fraude. En ese entonces, el líder sindical Salvador Salgado había propuesto vender el terreno para intentar recuperar lo máximo posible y así evitar el embargo de más cuentas del sindicato, tal como ya había sucedido, e incluso llegar a la posible confiscación del propio terreno.