Ayer comenzó el período de campaña de 60 días para la elección judicial, un proceso inédito que establece una serie de reglas tanto para los candidatos como para los aspectos clave de lo permitido y prohibido hasta el próximo 28 de mayo.
A pesar de las restricciones, los candidatos pueden compartir su trayectoria y propuestas mediante las redes sociales, lo que les permite conectar directamente con el electorado y mantener una comunicación constante. Sin embargo, esta difusión debe ser «orgánica», ya que está prohibido pagar por anuncios o pautas en estas plataformas.
Asimismo, los candidatos tienen permiso para distribuir materiales de propaganda impresa, pero deben ser biodegradables. Esta medida tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y promover prácticas más sostenibles en la campaña. Por otro lado, se prohíbe la contratación de publicidad en medios de comunicación, tanto tradicionales (radio, televisión, prensa) como digitales (anuncios en redes sociales y otras plataformas en línea). Esta restricción busca evitar que los recursos económicos afecten la competencia entre los aspirantes.
Los candidatos también pueden asistir a eventos y debates públicos, siempre y cuando sean invitaciones abiertas a todos los participantes en la contienda. Además, pueden crear y fomentar redes de apoyo entre los ciudadanos, siempre que no impliquen financiamiento externo ni violen otras normas de la campaña. La movilización de personas para respaldar a un candidato es una estrategia válida, siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes legales establecidos, según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Existen, además, varias restricciones que los candidatos deben cumplir para garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso electoral. Una de estas limitaciones es que no pueden recibir financiamiento de ninguna entidad pública o privada, lo que incluye donaciones de individuos, organizaciones, empresas o partidos políticos.
Esta medida busca asegurar que las campañas se basen en la capacidad de los candidatos para ganar el respaldo popular sin recurrir a grandes sumas de dinero. Además, con el fin de evitar manipulaciones basadas en sentimientos nacionalistas o religiosos, se prohíbe el uso de símbolos patrios, como la bandera o el himno, así como símbolos religiosos durante la campaña.